La Confederación Canaria de Empresarios, en su condición de organización empresarial más representativa, da voz también al sector comercial de las Islas y ocupa una posición en distintos órganos de participación institucional de alta relevancia para el sector como son el Observatorio del Comercio de Canarias, las Comisiones Insulares en materia de comercio de las islas de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote, la Comisión de Precios de Canarias, o el Observatorio Insular de Comercio, Ocio y Restauración del Cabildo de Gran Canaria, y participa, además, de manera activa en los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y de Fuerteventura.
La Confederación asume, así, un papel destacado como interlocutor entre el sector comercial en las Islas y la Administración y se posiciona en los diferentes foros en defensa del papel estratégico que desempeña el comercio para el desarrollo de la economía por su incidencia en el consumo y, en los debates surgidos en estos y otros foros de carácter intersectorial.
En este papel de interlocutor, la Confederación durante 2025 también canalizó las aportaciones del sector comercial de la Islas en consultas públicas relativas a normativa de especial trascendencia como fueron el proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela; proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible, proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario; proyecto Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad; el proyecto de Real Decreto relativo a la seguridad general de los productos; el anteproyecto de ley de consumo sostenible; o el documento de Estrategia para el mercado único para 2025 de la Comisión Europea;
Precisamente en materia normativa, desde la CCE se estuvo analizando e informando al sector comercial de los trabajos de elaboración y aprobación del Reglamento (UE) 2025/40, de 19 de diciembre de 2024, sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904 y se deroga la Directiva 94/62/CE, que vino a introducir importantes novedades para reducir el impacto en el medio ambiente de los envases y residuos de envases, con nuevos objetivos y medidas de prevención y reutilización.
Si bien es cierto que el sector comercial de las Islas ha demostrado poseer capacidades innatas de resiliencia que le permiten adaptarse con agilidad y eficacia a cuantas condiciones impone el mercado, incluso a las derivadas de elementos exógenos como los provocados por la pandemia en 2020 que obligó a replantear nuevos canales de venta, alteró los flujos de comercio internacional y hasta la forma de relacionarse con el cliente, lo cierto es que también se muestra especialmente vulnerable ante cambios normativos, tensiones geopolíticas y shocks económicos que inciden directamente sobre un encarecimiento de los costes operativos y reducen con ello su competitividad.
Se trata de elementos que, aunque comunes a todas las empresas, repercuten con especial incidencia en un sector que, no debemos olvidar está constituido, en su amplia mayoría, por pequeñas empresas o autónomos con una disponibilidad de recursos limitada, donde prácticamente el 90% del tejido productivo tiene menos de 5 trabajadores.
Por ello, desde la CCE hemos instado a las diferentes administraciones a trabajar de manera conjunta en reducir el impacto que está generando en el sector comercial el trato diferenciado que se aplica a las transacciones comerciales realizadas a través de internet y las exenciones fiscales de que gozan estas transacciones.
Se trata de una demanda que cuenta con el respaldo unánime del sector comercial de Canarias, tanto de pequeñas y medianas empresas como de empresas dedicadas a la gran distribución comercial, que acusan graves perjuicios y una notable pérdida de competitividad ante las compras que se realizan, principalmente, a través de grandes plataformas de comercio electrónico, y que además está siendo compartida por el conjunto de administraciones europeas que ya han comenzado a levantar este tipo de exenciones para envíos de escaso valor procedentes del exterior.
En el caso de Canarias, como decimos, el sector comercial agrupa a un conjunto muy heterogéneo de empresas, y toda ellas comparten como nexo común, la necesidad de hacer frente a numerosos obstáculos y barreras que impiden el normal desarrollo de la actividad en un territorio como Canarias, doblemente fragmentado y aislado de los principales mercados internacionales.
Por eso, cuestiones como la que comentamos y otras de carácter más transversal que también afecta al sector como son las condiciones de conectividad de nuestra región, y la compensación de costes de transporte, continúan en la lista de prioridades que mantiene esta Confederación en la defensa de los intereses empresariales.
En consecuencia, la Confederación seguirá insistiendo en mejorar la coordinación entre las administraciones públicas y evitar distorsiones en su aplicación entre diferentes territorios de Canarias, y continuará reclamando cambios normativos y fiscales que permitan la convivencia del sector tradicional con el comercio electrónico, y elementos compensatorios que mitiguen los efectos negativos de un encarecimiento de los costes de transportes y aprovisionamiento que compromete el futuro del sector, más aún, ante la proliferación de continuas amenazas que afectan al transporte internacional como los derivados del conflicto bélico que ha surgido en Oriente Medio en 2026.
En este sentido, la Confederación ya ha reclamado la aplicación de medidas concretas y eficaces que ayudaran a contener el impacto de ese conflicto sobre la estructura de costes empresariales, ante un escenario de mayores precios de la energía, y de manera específica trasladó al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, la necesidad de actualizar, agilizar y ampliar la compensación de los costes del transporte de mercancías entre las islas y con origen o destino en las Islas Canarias, al objeto de reducir el incremento sobrecoste derivado de la lejanía, insularidad y doble insularidad.
Resulta crucial revisar al alza los costes tipo de las compensaciones al transporte para cubrir el incremento de los fletes y demás costes conexos al flete, para compensar el incremento de los costes logísticos derivados del conflicto bélico, costes tipo que ya eran insuficientes pues el Ministerio de Transportes aún no ha actualizado la metodología de cálculo de los costes tipo.
La Confederación también solicitó incrementar las ayudas del REA, un mecanismo previsto por la Unión Europea para garantizar el suministro de productos esenciales a las regiones ultraperiféricas y para paliar los costes adicionales derivados de esa condición, a través de la concesión de ayudas que deben fijarse en función de los costes adicionales de transporte a las citadas regiones y de los precios practicados en la exportación a terceros países.
La Confederación Canaria de Empresarios continuará apoyando al sector para hacer frente en el corto y medio plazo a la necesaria actualización de la normativa que regula la actividad comercial en las Islas, y para ello continuará promoviendo la reactivación del Observatorio del Comercio de Canarias, un órgano consultivo que debe servir de punto de encuentro para el conjunto del sector comercial de las Islas para debatir y consensuar las modificaciones en la legislación que afectan directamente al desarrollo de la actividad comercial, como la tramitación de licencias comerciales específicas, la redacción de los Planes Territoriales de Grandes Equipamientos Comerciales que aún están pendientes de desarrollo, o el número de festivos y domingos de apertura, entre otros.
