La Confederación Canaria de Empresarios, en su condición de organización empresarial más representativa, da voz también al sector comercial de las Islas y ocupa una posición en distintos órganos de participación institucional de alta relevancia para el sector como son el Observatorio del Comercio de Canarias, las Comisiones Insulares en materia de comercio de las islas de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote, la Comisión de Precios de Canarias, o el Observatorio Insular de Comercio, Ocio y Restauración del Cabildo de Gran Canaria, y participa, además, de manera activa en los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y de Fuerteventura.
La Confederación asume, así, un papel destacado como interlocutor entre el sector comercial en las Islas y la Administración y se posiciona en los diferentes foros en defensa del papel estratégico que desempeña el comercio para el desarrollo de la economía por su incidencia en el consumo y, en los debates surgidos en estos y otros foros de carácter intersectorial.
En este papel de interlocutor, la Confederación durante 2023 también canalizó las aportaciones del sector comercial de la Islas en consultas públicas relativas a normativa de especial trascendencia como fueron el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas en lo referido a la factura electrónica entre empresas y profesionales; el proyecto de Real Decreto por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo; el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Consumo; o el proyecto de Decreto por el que se regulan los servicios de atención a la clientela, las características y el procedimiento de obtención de las hojas de reclamaciones y su tramitación administrativa en las relaciones de consumo.
Si bien es cierto que el sector comercial de las Islas ha demostrado poseer capacidades innatas de resiliencia que le permiten adaptarse con agilidad y eficacia a cuantas condiciones impone el mercado, incluso a las derivadas de elementos exógenos como los provocados por la pandemia en 2020 que obligó a replantear nuevos canales de venta, alteró los flujos de comercio internacional y hasta la forma de relacionarse con el cliente, lo cierto es que también se muestra especialmente vulnerable ante cambios normativos, tensiones geopolíticas y shocks económicos que inciden directamente sobre un encarecimiento de los costes operativos y reducen con ello su competitividad.
Se trata de elementos que, aunque comunes a todas las empresas, repercuten con especial incidencia en un sector que, no debemos olvidar está constituido, en su amplia mayoría, por pequeñas empresas o autónomos con una disponibilidad de recursos limitada, donde prácticamente el 90% del tejido productivo tiene menos de 5 trabajadores.
De ahí que, durante 2023, haya resultado especialmente expuesto a elementos externos como el encarecimiento del coste de la energía, los mayores costes laborales derivados de la escalada del Salario Mínimo Interprofesional y de la cotización a la Seguridad Social, o la carestía del transporte y el aprovisionamiento como consecuencia del impacto de tensiones geopolíticas que afectan directamente al tráfico internacional de mercancías como sucedía a principios de 2023, tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, acrecentado también durante 2024 por el conflicto en Oriente Próximo.
Desde este convencimiento, la Confederación colabora estrechamente con el sector y viene promoviendo la adopción de medidas directas que faciliten la transición de las empresas comerciales hacia modelos de actividad más productivos, digitalizados y eficientemente tecnológicos.
En este ámbito, la crisis del COVID-19 afectó con especial intensidad al comercio si bien, al mismo tiempo, demostró cómo aquellos comercios que contaban con un mejor punto de partida digital y hacían un mejor aprovechamiento de la tecnología y la innovación, lograron mantener su actividad económica en mejores condiciones al diferenciarlos y dotarles de mayores ventajas competitivas frente a otros negocios, ayudándoles a mantenerse a flote, y con ello, manteniendo muchos empleos.
La digitalización del comercio es un proceso básico y necesario que debe implicar un cambio intrínseco en el modelo de negocio, tanto entre sus gestores como entre sus empleados. El proceso de transformación digital puede suponer, por tanto, una oportunidad para el comercio tradicional, al erigirse como un mecanismo indispensable que le facilitará adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y, con ello, mantener sus niveles de competitividad. No en vano, la tecnología permite a los comerciantes conocer en mayor detalle las necesidades y deseos de sus clientes, así como atraer a nuevos clientes y fidelizarlos. De este modo, el comercio minorista puede diferenciarse de su competencia más severa: grandes superficies físicas y grandes compañías nativas digitales.
La digitalización del comercio minorista incluye todas aquellas acciones orientadas a innovar y adoptar nuevas tecnologías digitales como el comercio electrónico o softwares de gestión. Se trata de un proceso conformado por un amplio conjunto de acciones que deben implantarse de forma gradual y con una estrategia de negocio a largo plazo.
Por todo ello, resulta imprescindible que las empresas del sector comercial cuenten con adecuado posicionamiento orgánico SEO (Search Engine Optimization), para que puedan mejorar en los resultados de los motores de búsqueda, ya sea en el ámbito local de su propio vecindario, como a escala nacional o internacional. Como decimos, no debemos perder de vista que el sector del comercio canario debe ejecutar un proceso de actualización constante e incorporar todas aquellas medidas en el ámbito de la digitalización, que le permita mantener su nivel de competitividad y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.
Cambios en el marco de una transición en la manera que los negocios se interrelacionan con sus clientes, cuyo alcance, aún a día de hoy, siguen siendo desconocido y difícilmente predecible, pero que está afectando de manera directa e irremediable a nuestro modelo económico y productivo en general, y especialmente, al sector comercial, erigiéndose el uso intensivo de las nuevas herramientas digitales como el Big Data, el internet de las cosas (IoT), las aplicaciones inteligentes o la inteligencia artificial, como elemento claves y vertebradores de futuro.
En este sentido, la Confederación colabora con el Gobierno de Canarias que, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha comenzado a destinar fondos a la transformación del sector comercial para convertir a Canarias en un Destino Comercial Inteligente, fomentar la innovación, e incorporar nuevas tecnologías al sector que den respuesta a los nuevos hábitos de consumo.
Así lo explicó el Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el Director General de Comercio en una reunión que mantuvo con la Comisión de Comercio de la Confederación Canaria de Empresarios en el mes de octubre, donde además, se asumió el compromiso por parte del Gobierno de Canarias de reactivar el Observatorio del Comercio de Canarias, un órgano consultivo que debe servir de punto de encuentro para el conjunto del sector comercial de las Islas para debatir y consensuar las modificaciones en la legislación que afectan directamente al desarrollo de la actividad comercial, como la tramitación de licencias comerciales específicas, la redacción de los Planes Territoriales de Grandes Equipamientos Comerciales que aún están pendientes de desarrollo, o el número de festivos y domingos de apertura, entre otros.
La Confederación Canaria de Empresarios continuará apoyando al sector, además de para seguir avanzando y superar definitivamente la crisis provocada por la COVID-19, para hacer frente en el corto y medio plazo a la necesaria actualización de la normativa que regula la actividad comercial en las Islas.
Para ello, resulta necesario mejorar la coordinación entre las administraciones públicas y evitar distorsiones en su aplicación entre diferentes territorios de Canarias, al tiempo que es importante propiciar cambios normativos y fiscales que permitan la convivencia del sector tradicional con el comercio electrónico, y reclamar también elementos compensatorios que mitiguen los efectos negativos de un encarecimiento de los costes de transportes y aprovisionamiento que compromete el futuro del sector.
