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La irrupción de la pandemia generada por el virus COVID-19 durante 2020 obligó a declarar el estado de alarma en el conjunto del territorio nacional desde el día 14 de marzo, y ello implicó cerrar al público establecimientos comerciales que no prestaran servicios considerados esenciales.

El impacto de esta pandemia sobre el conjunto de la economía canaria, adquiría, en el caso del sector comercial matices quizás más dramáticos, debido a la alta proporción de empresas de reducida dimensión y empresarios autónomos, y por la alta vinculación que tiene el sector comercial de las Islas con la actividad del turismo.

Según los últimos datos oficiales que del Directorio Central de Empresas que confecciona el INE, el sector comercial en Canarias lo conformaban, al comienzo de la pandemia, 28.790 empresas, lo que equivale al 18,8% del tejido productivo de las Islas.

Se trata de un sector muy atomizado, y heterogéneo, en el que más de un 90% de las empresas no tienen asalariados o cuentan con menos de cinco trabajadores en plantilla, según los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística.

Tras el levantamiento del primer Estado de Alarma, la recuperación de la actividad se planteó de manera gradual y sometida a criterios de seguridad sanitaria que limitaron el aforo de clientes en los establecimientos e impuso nuevas exigencias en el desarrollo de la actividad que se mantuvieron durante todo el año.

En momentos como los vividos durante 2020, la Confederación Canaria de Empresarios tomaba el testigo y canalizaba las necesidades de este sector y del conjunto del tejido productivo para diseñar e implantar medidas que debían ayudar a mantener vivas las empresas y facilitar su transición hasta la reactivación efectiva de la actividad empresarial.

La posición que ocupa esta Confederación en distintos órganos de participación institucional de alta relevancia para el sector como son el Observatorio del Comercio de Canarias, las Comisiones Insulares en materia de comercio de las islas de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote, la Comisión de Precios de Canarias, o el Observatorio Insular de Comercio, Ocio y Restauración del Cabildo de Gran Canaria, así como su participación activa en los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, en su condición de organización empresarial más representativa, confieren a la Confederación un papel destacado como interlocutor entre el sector comercial en las Islas y la Administración.

En todos estos foros, la Confederación siempre ha venido defendiendo el papel estratégico que desempeña el sector comercial para el desarrollo de la economía por su incidencia en el consumo y, en los debates surgidos en estos y otros foros de carácter intersectorial, la Confederación siempre se había venido posicionando contraria a cualquier propuesta o medida que supusiera un incremento de la presión fiscal que soportan empresas y consumidores, al tiempo que mantiene viva su demanda por alcanzar una mayor eficiencia y agilidad en la gestión de trámites administrativos con el sector público.

Con la irrupción de la pandemia, y la sucesión de cambios normativos que impuso la declaración del Estado de Alarma, y el plan de desescalada iniciado en el mes de mayo, el sector comercial necesitaba que las organizaciones empresariales reforzáramos nuestra labor de interlocución con el Gobierno y las diferentes administraciones públicas dar a conocer sus demandas y trasladar de primera mano sus inquietudes empresariales.

Este fue el caso de la reunión que mantuvo la Comisión de Comercio de la Confederación Canaria de Empresarios con el Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Ilmo. Sr. D. David Mille Pomposo, celebrada en el mes de abril, de manera telemática, debido a las limitaciones impuestas por el Estado de alarma.

En esa reunión, el Director General pudo constatar cómo la Confederación es la organización que aglutina a todo el sector empresarial del comercio y reconoció el papel que desempeñan las organizaciones empresariales más representativas para promover el debate y alcanzar acuerdos consensuados en un sector donde es común apreciar colisión de intereses.

Los representantes empresariales del sector comercial integrados en la Confederación Canaria de Empresarios consensuaron en esa reunión una batería de medidas que pretendían dar pie a una apertura ordenada del sector en las Islas, siempre bajo criterios de seguridad sanitaria que garantizaba la salud de trabajadores y consumidores.

A penas unos días antes, el Gobierno estatal había presentado un Plan, acordado en el Consejo de Ministros del día 28 de abril de 2020, que plantea una desescalada en cuatro fases, de forma asimétrica por territorios, en función de una serie de indicadores, y debía ser el Ministerio de Sanidad quien establecería en qué fase se encontraba cada territorio, en términos de provincias e islas, y decidiría el avance o retroceso entre unas fases y otras.

Cada una de las fases debía tener una duración inicial de 15 días, y debía se evaluaría la incidencia de las diferentes medidas que contempla cada una de ellas sobre los indicadores sanitarios, y también se anunció que las CCAA podían proponer al Ministerio de Sanidad la activación de actividades, de forma justificada, que no hubieran sido inicialmente incluidas en las permitidas en las distintas fases.

De esta manera, la apertura de la actividad comercial se realizaría por fases y con medidas de seguridad y prevención que limitarían el número de clientes atendidos. Esto implica que la actividad comercial no podría reactivarse al completo y, muy al contrario, el flujo de demanda no permitirá cubrir la estructura de gastos que implica la apertura del establecimiento, máxime, cuando las condiciones de apertura implicaban un elevado coste para los establecimientos en condiciones de baja demanda, y exigía, además, la inversión en medidas de higiene y protección en los locales.

Sobre esta base, la Confederación elaboró un documento consensuado con el sector comercial en el que se trasladaban diferentes medidas, tanto de carácter sectorial como de corte transversal, que debían ayudar a iniciar una nueva normalidad en la que la actividad económica debía convivir con la situación de pandemia que aún continuaba vigente en las Islas.

Además de reclamar el refuerzo de figuras jurídicas como los ERTES que demostraron ser enormemente eficaces para contener el impacto, el sector coincidía en que era necesario permitir la apertura generalizada de los establecimientos comerciales sin distinción de superficie, asumiendo, como único criterio de apertura, el cumplimiento de medidas que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y clientes, condiciones éstas que siempre fueron asumidas por todo el sector.

El sector también reclamaba garantías en el suministro de equipos de protección y material de prevención, y elaboración de protocolos de seguridad y salud adaptados al desarrollo de la actividad comercial minorista; la realización de campañas de promoción de la actividad comercial; flexibilidad de la normativa sobre actividades de promoción de ventas; medidas que faciliten el pago de alquileres de locales; mayor coordinación entre las Administraciones públicas (FECAM y FECAI) para garantizar una correcta aplicación de las normas durante el periodo de transición y de información de las ayudas a empresas disponibles; y flexibilización en obligaciones fiscales.

Estas medidas también fueron trasladadas al documento del Pacto Social por la Reactivación y Recuperación que lideró el Gobierno de Canarias con diferentes agentes sociales e institucionales de Canarias, en cuyo diseño, la Confederación adoptó un papel relevante.

Las negociaciones para la elaboración de ese Paco cristalizaron en la firma el día 30 de mayo de 2020 de la Declaración Institucional para la Reactivación Social y Económica de Canarias, el sector comercial veía cómo las instituciones de Canarias asumían el compromiso de articular programas de apoyo a los gastos de funcionamiento de las actividades comerciales para compensar los gastos fijos ante la falta de ingresos para afrontar gastos en alquileres, gastos hipotecarios, o consumos mínimos; y al mismo tiempo debían fomentarse los planes de dinamización en espacios comerciales e impulsar el desarrollo tecnológico del sector comercial a través de la digitalización y el comercio electrónico, generando nuevos canales, estrategias y fórmulas de comercialización.

La experiencia de 2020 ha demostrado que el sector comercial de Canarias posee capacidades innatas de resiliencia que le permiten adaptarse con agilidad y eficacia a cuantas condiciones que impone el mercado, por muy novedosas que sean, incluso a las derivadas de elementos exógenos como los provocados por una pandemia mundial que obligó a replantear canales de venta, alteró los flujos de comercio internacional y hasta la forma de relacionarse con el cliente.

Esta experiencia ha servido además para enfatizar y poner de relieve el carácter intersectorial de nuestra economía, en la que el sector comercial, aún presentando características propias que lo diferencian de otras actividades, también comparte intereses con otros sectores, especialmente los ligados a actividades de importación, logística y transporte, la actividad agroindustrial, la actividad portuaria, actividades financieras, y muy especialmente, con la demanda turística de nuestra región.

En la Confederación, los representantes del sector interactúan con diferentes sectores y participan en el debate y estudio de aspectos que, de manera directa o indirecta, también les afecta, y encuentran en la Confederación un cauce efectivo para promover la defensa de sus intereses también en el ámbito nacional, a través de la participación de esta Confederación en los órganos de dirección de organizaciones como CEOE o CEPYME, un aspecto que adquiere mayor relevancia, si cabe, en momentos como los acontecimientos durante 2020.

Queda un largo camino por recorrer y, aún, durante 2021, el sector continúa acusando los efectos de la pandemia y la crisis económica que padece nuestra región.

En este sentido, la Confederación continuará respaldando al sector comercial en sus demandas actuales y futuras que le ayuden a afrontar los numerosos retos que, tras superar la pandemia, aún quedarán por superar.

El sector, además de superar la crisis provocada por la COVID-19, debe hacer frente en el corto y medio plazo a la necesaria actualización de la normativa que regula la actividad en las Islas; demanda una mayor coordinación entre las administraciones públicas para evitar distorsiones en su aplicación entre diferentes territorios de Canarias; y propiciar cambios normativos y fiscales que permitan la convivencia del sector tradicional con el comercio electrónico.

Otra de las reivindicaciones en la que seguirá insistiendo la Confederación Canaria de Empresarios en materia comercial es la apertura de los procesos electorales en el seno de las Cámaras de Comercio de las Islas, un proceso aún pendiente de realizar y que acumula un enorme retraso tras la publicación La LEY 10/2019, de 25 de abril, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias, que regula la composición y funciones de las Cámaras de Comercio en Canarias adaptada a la norma básica estatal vigente desde el año 2014, tras la publicación en abril de ese año de la Ley 4/2014 Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. La nueva norma concreta las funciones que están llamadas a desarrollar las instituciones camerales en la vida socioeconómica de la región, y reconoce también el papel clave que, para el logro de esos fines, desempeñan las organizaciones empresariales más representativas.