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Según los datos oficiales del Directorio Central de Empresas que confecciona el INE, el sector comercial en Canarias lo conformaban un total de 27.187 empresas durante 2021, lo que equivale al 18,4% del tejido productivo de las Islas. 

Se trata de un sector muy atomizado, y heterogéneo, en el que más de un 91% de las empresas no tienen asalariados o cuentan con menos de cinco trabajadores en plantilla, según los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística. 

Tras el levantamiento del Estado de Alarma, en el mes de mayo de 2021, la recuperación de la actividad comercial se ha venido fraguando de manera gradual y sometida a criterios de seguridad sanitaria que han mantenido limitado el aforo de clientes en los establecimientos y han impuesto nuevas exigencias en el desarrollo de la actividad que se mantuvieron durante todo el año. 

En momentos como los vividos durante 2021, la Confederación Canaria de Empresarios ha continuado haciéndose eco de las necesidades que reclamaba este sector y del conjunto del tejido productivo y ha reclamado ayudas para mantener vivas a las empresas y facilitar su transición hasta la reactivación efectiva de la actividad empresarial. 

La posición que ocupa esta Confederación en distintos órganos de participación institucional de alta relevancia para el sector como son el Observatorio del Comercio de Canarias, las Comisiones Insulares en materia de comercio de las islas de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote, la Comisión de Precios de Canarias, o el Observatorio Insular de Comercio, Ocio y Restauración del Cabildo de Gran Canaria, así como su participación activa en los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, en su condición de organización empresarial más representativa, confieren a la Confederación un papel destacado como interlocutor entre el sector comercial en las Islas y la Administración. 

La Confederación se ha venido posicionando en todos estos foros en defensa del papel estratégico que desempeña el sector comercial para el desarrollo de la economía por su incidencia en el consumo y, en los debates surgidos en estos y otros foros de carácter intersectorial, la Confederación siempre se había venido posicionando contraria a cualquier propuesta o medida que supusiera un incremento de la presión fiscal que soportan empresas y consumidores, al tiempo que mantiene viva su demanda por alcanzar una mayor eficiencia y agilidad en la gestión de trámites administrativos con el sector público.  

La experiencia de estos dos últimos años ha demostrado que el sector comercial de Canarias posee capacidades innatas de resiliencia que le permiten adaptarse con agilidad y eficacia a cuantas condiciones impone el mercado, por muy novedosas que sean, incluso a las derivadas de elementos exógenos como los provocados por una pandemia mundial que obligó a replantear canales de venta, alteró los flujos de comercio internacional y hasta la forma de relacionarse con el cliente. 

Esta experiencia ha servido además para enfatizar y poner de relieve el carácter intersectorial de nuestra economía, en la que el sector comercial, aún, presentando características propias que lo diferencian de otras actividades, también comparte intereses con otros sectores, especialmente los ligados a actividades de importación, logística y transporte, la actividad agroindustrial, la actividad portuaria, actividades financieras, y muy especialmente, con la demanda turística de nuestra región. 

Esta interrelación vuelve a ponerse de manifiesto durante 2021, año en el que la necesidad de generar una economía más resiliente y sostenible para los próximos años ha acelerado la adopción de una nueva normativa que implica directamente al sector de la logística y la distribución, dos actividades altamente interrelacionadas con el comercio en Canarias.  

En este sentido se encuadran, precisamente, las aportaciones que realizó la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de la consulta pública del proyecto de Decreto de Envases y Residuos de Envases ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el que apreciamos una tendencia a imputar a las empresas efectos ambientales negativos que no dependen sólo de ellas y planteaba un modelo de reutilización de envases con un sistema de envases retornable que se encuentra muy alejado de la realidad, así como el anteproyecto de ley canaria de cambio climático y transición energética, en la que, debido a su carácter transversal, contenía disposiciones que implicaban directamente al sector comercial de Canarias. 

A este respecto, la CCE ha insistido en la necesidad de armonizar la normativa en materia de sostenibilidad con el desarrollo de la actividad empresarial, máxime en un sector como el comercial, firmemente comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible y la eficiencia energética.  

La CCE comparte muchas de las finalidades que recogen estos proyectos de ley, como las del desarrollo e implementación de medidas que garanticen un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas, la creación de un Registro Canario de la Huella de Carbono que vele por ello y que debiera tener, en todo caso, un carácter de inscripción voluntaria o promover la educación, la formación, la I+D+i y la transferencia tecnológica en el ámbito de la acción climática. 

Sin embargo, al mismo tiempo estimamos que todo este tipo de medidas deben caminar al abrigo de mayores y mejores mecanismos de incentivo y programas de sensibilización, más que de penalización o sobrecarga de mayores obligaciones a las que ya están sujetas las empresas para el desarrollo de su actividad y que en el caso de estos proyectos de Ley van más allá incluso de las dictaminadas en el marco de la legislación europea para combatir el cambio climático. 

En la Confederación, los representantes del sector interactúan con diferentes sectores y participan en el debate y estudio de aspectos que, de manera directa o indirecta, también les afecta, y encuentran en la Confederación un cauce efectivo para promover la defensa de sus intereses también en el ámbito nacional, a través de la participación de esta Confederación en los órganos de dirección de organizaciones como CEOE o CEPYME, un aspecto que adquiere mayor relevancia, si cabe, en momentos como los acontecimientos durante 2021 donde han comenzado a darse los primeros pasos de una recuperación que debería consolidarse ya en los siguientes años. 

Desde la CCE hemos apoyado al sector en su reivindicación ante la Administración Tributaria Canaria para la implantación efectiva de un sistema digital y telemático que facilite la devolución del IGIC a clientes extranjeros no sujetos al mismo. 

La normativa ya contempla este trámite administrativo para los viajeros no residentes en Canarias, por no ser sujetos pasivos de tributos indirectos como el IGIC, pero la digitalización de este procedimiento administrativo aún está pendiente de su desarrollo técnico y operativo, y ello, a pesar de que, en el resto de nuestro país, ya está operativo un sistema digitalizado que permite la devolución del IVA, denominado DIVA, en nuestra región. 

Coincidimos con el sector en que en la medida en que se agilice y simplifique la tramitación de la devolución del IGIC que soportan los viajeros, especialmente los turistas extracomunitarios como los procedentes del Reino Unido tras la culminación del BREXIT, se producirá una mayor expansión del consumo de no residentes en nuestra región, y en consecuencia generará un mayor impulso a la recuperación de nuestra economía. 

La CCE propició un encuentro entre los representantes empresariales del sector comercial y los responsables de la Agencia Tributaria Canaria donde pudieron exponerle las claves del nuevo sistema, como también intervino ante la Delegación del Gobierno en Canarias para instar a la búsqueda de soluciones que habían generado retrasos injustificados en el despacho de mercancías en los recintos portuarios y aeroportuarios. 

Queda aún un largo camino por recorrer y, en este sentido, la Confederación continuará respaldando al sector comercial en sus demandas actuales y futuras que le ayuden a afrontar los numerosos retos que, tras superar la pandemia, aún quedarán por superar. 

El sector, además de superar la crisis provocada por la COVID-19, debe hacer frente en el corto y medio plazo a la necesaria actualización de la normativa que regula la actividad comercial en las Islas; demanda una mayor coordinación entre las administraciones públicas para evitar distorsiones en su aplicación entre diferentes territorios de Canarias; y propiciar cambios normativos y fiscales que permitan la convivencia del sector tradicional con el comercio electrónico, y reclama también elementos compensatorios que mitiguen los efectos negativos de un encarecimiento de los transportes.