Según los datos oficiales del Directorio Central de Empresas que confecciona el INE, el sector comercial en Canarias lo conformaban un total de 27.097 empresas durante 2022, lo que equivale al 17,8% del tejido productivo de las Islas.
Se trata de un sector muy atomizado, y heterogéneo, en el que más de un 91% de las empresas no tienen asalariados o cuentan con menos de cinco trabajadores en plantilla, según los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística.
La recuperación que ha mostrado la actividad comercial tras el levantamiento de las últimas restricciones que afectaban, directa o indirectamente, al sector se ha venido fraguando de manera gradual y en todo este proceso la Confederación Canaria de Empresarios ha continuado dando voz al sector y reclamando medidas directas para la actividad para facilitar su transición hasta la reactivación efectiva de la actividad empresarial.
La posición que ocupa esta Confederación en distintos órganos de participación institucional de alta relevancia para el sector como son el Observatorio del Comercio de Canarias, las Comisiones Insulares en materia de comercio de las islas de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote, la Comisión de Precios de Canarias, o el Observatorio Insular de Comercio, Ocio y Restauración del Cabildo de Gran Canaria, así como su participación activa en los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, en su condición de organización empresarial más representativa, confieren a la Confederación un papel destacado como interlocutor entre el sector comercial en las Islas y la Administración.
La Confederación se ha venido posicionando en todos estos foros en defensa del papel estratégico que desempeña el sector comercial para el desarrollo de la economía por su incidencia en el consumo y, en los debates surgidos en estos y otros foros de carácter intersectorial, la Confederación siempre se había venido posicionando contraria a cualquier propuesta o medida que supusiera un incremento de la presión fiscal que soportan empresas y consumidores, al tiempo que mantiene viva su demanda por alcanzar una mayor eficiencia y agilidad en la gestión de trámites administrativos con el sector público.
Durante el pasado año, hemos reforzado además la colaboración que viene manteniendo la Confederación con las tres Cámaras Oficiales de Comercio de la provincia de Las Palmas, mediante la suscripción de un convenio marco de actuaciones con cada una de ellas con el que pretendemos activar la coordinación institucional en cada isla y aunar esfuerzos en la ejecución de las funciones de cada una de las instituciones.
La experiencia de los últimos años ha demostrado que el sector comercial de Canarias posee capacidades innatas de resiliencia que le permiten adaptarse con agilidad y eficacia a cuantas condiciones impone el mercado, por muy novedosas que sean, incluso a las derivadas de elementos exógenos como los provocados por una pandemia mundial que obligó a replantear canales de venta, alteró los flujos de comercio internacional y hasta la forma de relacionarse con el cliente.
Esta experiencia ha servido además para enfatizar y poner de relieve el carácter intersectorial de nuestra economía, en la que el sector comercial, aún, presentando características propias que lo diferencian de otras actividades, también comparte intereses con otros sectores, especialmente los ligados a actividades de importación, logística y transporte, la actividad agroindustrial, la actividad portuaria, actividades financieras, y muy especialmente, con la demanda turística de nuestra región.
Esta interrelación vuelve a ponerse de manifiesto durante 2022, año en el que la necesidad de generar una economía más resiliente y sostenible para los próximos años ha acelerado la adopción de una nueva normativa que implica directamente al sector de la logística y la distribución, dos actividades altamente interrelacionadas con el comercio en Canarias.
En este sentido se encuadran, precisamente, las aportaciones que realizó la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de la consulta abierta por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias sobre la Estrategia Canaria de Acción Climática, en la que se encuadraban actuaciones que implicaban directamente al sector comercial; además de las propuestas de enmiendas que remitió esta Confederación al Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela; la iniciativa normativa que inició la Comisión Europea con el objetivo de revisar el Código Aduanero de la Unión para fortalecer el marco legal de aduanas; o la consulta abierta por la Subdirección General de Análisis Sectorial del Ministerio de Asuntos Económicos sobre el despliegue de la factura electrónica B2B derivado del proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas.
A este respecto, la CCE ha insistido en la necesidad de armonizar la normativa en materia de sostenibilidad con el desarrollo de la actividad empresarial, máxime en un sector como el comercial, firmemente comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible y la eficiencia energética.
La CCE comparte muchas de las finalidades que recoge la Estrategia, aunque siempre hemos defendido que cualquier tipo de medida en este ámbito debe caminar al abrigo de mayores y mejores mecanismos de incentivo y programas de sensibilización, más que de penalización o sobrecarga de mayores obligaciones a las que ya están sujetas las empresas para el desarrollo de su actividad.
En la Confederación, los representantes del sector interactúan con diferentes sectores y participan en el debate y estudio de aspectos que, de manera directa o indirecta, también les afecta, y encuentran en la Confederación un cauce efectivo para promover la defensa de sus intereses también en el ámbito nacional, a través de la participación de esta Confederación en los órganos de dirección de organizaciones como CEOE o CEPYME.
Desde la CCE hemos apoyado al sector en su reivindicación ante la Administración Tributaria Canaria para la implantación efectiva de un sistema digital y telemático que facilite la devolución del IGIC a clientes extranjeros no sujetos al mismo.
La normativa ya contemplaba este trámite administrativo para los viajeros no residentes en Canarias, por no ser sujetos pasivos de tributos indirectos como el IGIC, pero la digitalización de este procedimiento administrativo en nuestro territorio se había retrasado y no fue hasta el 29 de diciembre de 2022 cuando el Boletín Oficial de Canarias publicaba el Decreto 232/2022, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, que reforma el régimen de viajeros a efectos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con efectos 20 de febrero de 2023.
El sector venía reclamando un procedimiento más ágil y simplificado en la tramitación de la devolución del IGIC que soportan los viajeros, especialmente los turistas extracomunitarios, habida cuenta de que tras la culminación del BREXIT ya se esperaba una mayor expansión del consumo de no residentes en nuestra región, debido al volumen de turistas británicos que visitan las Islas.
La CCE propició reuniones entre los representantes empresariales del sector comercial y los responsables de la Agencia Tributaria Canaria donde pudieron exponerle las claves del nuevo sistema, como también intervino ante la Delegación del Gobierno en Canarias para instar a la búsqueda de soluciones que habían generado retrasos injustificados en el despacho de mercancías en los recintos portuarios y aeroportuarios.
Queda aún un largo camino por recorrer y, en este sentido, la Confederación continuará respaldando al sector comercial en sus demandas actuales y futuras que le ayuden a afrontar los numerosos retos que aún quedarán por superar.
El sector, además de seguir avanzando para superar definitivamente la crisis provocada por la COVID-19, debe hacer frente en el corto y medio plazo a la necesaria actualización de la normativa que regula la actividad comercial en las Islas; demanda una mayor coordinación entre las administraciones públicas para evitar distorsiones en su aplicación entre diferentes territorios de Canarias; y propiciar cambios normativos y fiscales que permitan la convivencia del sector tradicional con el comercio electrónico, y reclama también elementos compensatorios que mitiguen los efectos negativos de un encarecimiento de los transportes.
