Scroll para leer más

Tras dejar atrás lo peor de la pandemia, durante el pasado año 2021, las cifras de PIB en las Islas volvían a crecer y, a medida que avanzaba el proceso de vacunación en nuestro país y se modulaban las restricciones que habían contraído la actividad productiva tras la Declaración del Estado de Alarma, la economía encauzaba una fase de recuperación que, no obstante, continúa condicionada por numerosos factores que pueden comprometer su evolución en el medio y largo plazo. 

Según publicaba el ISTAC, Canarias habría registrado un avance del PIB durante 2021 del 6,1%, y aunque mejoraba los datos de crecimiento que registró el conjunto del territorio nacional durante ese año, cifrado en un 5,1%, aún no ha logrado compensar la brusca caída que experimentó nuestra economía durante 2020, cuando el PIB se contrajo un 18,1 por ciento. 

El pasado año también aumentaba el empleo, y el número de afiliados inscritos a la Seguridad Social se situaba en 829.252 afiliados al cierre del ejercicio, y ello supuso superar en un 6,7% el dato registrado durante el primer año de pandemia.  

El avance en la vacunación de la población permitía la reactivación parcial de algunas ramas de actividad y lograba que Canarias cerrara el año superando incluso el dato de afiliación previo a la pandemia. 

No obstante, la recuperación que apreciaba el empleo guardaba una estrecha relación con la actividad del sector público durante estos dos últimos años que ha propiciado que el número de afiliados inscritos en las ramas de Administración pública, defensa y Seguridad Social, educación, sanidad se haya incrementado en 17.783 trabajadores en el periodo comprendido entre 2019 y 2021, en un contexto marcado por el estancamiento que acusaba la actividad privada, especialmente en ramas como el comercio, los transportes y la hostelería que, al cierre de 2021, aún acumulaban una pérdida de 16.193 puestos de trabajos, en comparación con el dato previo a la pandemia. 

La aparición de nuevas cepas del virus durante 2021 impidió suprimir todas las restricciones que todavía limitaban el desarrollo de normal de estas últimas actividades que, recordemos, en conjunto, concentran más del 40% del empleo en las Islas. 

Aunque se aliviaron las restricciones de aforo y el límite de horarios en el transporte el comercio, y en parte de la hostelería, el sector turístico continuaba operando sujeto a restricciones que limitaban la llegada de viajeros extranjeros, lo que retrasó la recuperación del sector. No en vano, en el conjunto de 2021, Canarias recibió 5,3 millones de turistas, un dato que, aunque mejoraba en más de un 37% el registro de 2022, quedaba aún muy lejos de los 13,2 millones de visitantes foráneos que recibían las Islas antes de declararse la pandemia mundial. 

En este contexto, la Confederación Canaria de Empresarios, que ya había asumido un papel protagonista en la gestión de la pandemia, lo sigue haciendo en esta fase de recuperación. 

El año que se declaraba el Estado de Alarma en nuestro país, esta Confederación puso en valor sus más de 42 años de historia que la han llevado a ostentar la condición de organización empresarial más representativa de Canarias, y sobre esta base, ha seguido trabajando e intensificando las funciones de su representación ante la Administración con firmeza y de manera decidida para constituir bases sólidas que sustenten el desarrollo de nuestra sociedad y el crecimiento de nuestra economía. 

Así lo hemos hecho a través de nuestra intervención en órganos de referencia como el Consejo Asesor del Presidente en materia de política económica y social, la Comisión de Precios de Canarias, la Comisión de Seguimiento del REA, el Consejo de apoyo al emprendimiento, al trabajo autónomo y a las pymes canarias, en los Consejos de Administración de Proexca, en los órganos de Gobierno de la Sociedad AVALCANARIAS, o en las mesas técnicas creadas al amparo de los VII Acuerdos de la Concertación Social, en donde hemos defendido y aportado nuestras consideraciones en materias como la sostenibilidad de los servicios públicos, la simplificación administrativa, la Formación Profesional Dual o la igualdad y la brecha salarial, entre otros muchos. 

Durante 2021, esta Confederación también cumplía con su vocación general de servicio en materia informativa y de comunicación, y continuaba elaborando, con la regularidad requerida, multitud de informes internos, de carácter técnico, que servían al asesoramiento de nuestras organizaciones miembro. 

Desde el área de economía se elaboraron Notas de Economía explicativas que mantenían a nuestras empresas constantemente actualizadas con los sucesivos cambios en la normativa vigente. 

Además del seguimiento y análisis de la nueva normativa que afecta a la gestión de la empresa, la Confederación también ha venido liderando la elaboración de estudios y análisis de situación a partir de las estadísticas y fuentes oficiales disponibles, sobre la difícil coyuntura a la que se estaba enfrentando nuestro sistema productivo, al objeto de identificar, a su vez, cuáles eran y debían ser los factores clave para el óptimo desarrollo de nuestro modelo socioeconómico de cara al futuro. 

Si bien el seguimiento de todos estos condicionantes quedaba recogido en dos de nuestras publicaciones periódicas, como son el Informe Mensual de Coyuntura Socioeconómica o el Informe Anual de la Economía Canaria, que se han convertido con el paso de los años en informes de referencia para el análisis de la realidad socioeconómica del Archipiélago, durante el pasado año nuestra Confederación también impulsaba la difusión de toda la información relevante para nuestras empresas en la que se detallaban las cuestiones más relevantes sucedidas durante el pasado año. 

Este es el caso, por ejemplo, del estudio que realizó esta Confederación de los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado y de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022; de las características de los diferentes tramos de las líneas de avales dispuestas por el ICO o de las diferentes medidas adoptadas en el seno del Consejo Europeo y la Comisión Europea para combatir los efectos de la pandemia; además de la elaboración y difusión de diversas notas monográficas que analizaban su sobre la economía canaria, sobre la recaudación tributaria o sobre la evolución de la actividad turística, que venían a añadirse a las notas de prensa que, de manera periódica, publica cada mes esta Confederación sobre los datos de inflación y empleo en las Islas. 

Se trata, en definitiva, de una pormenorizada labor de estudio, análisis y reflexión que, en materia de asuntos económicos, da buena cuenta de la intensa actividad desarrollada por la CCE durante el pasado año, y a la que seguiremos, como no podría ser de otro modo, dando continuidad en los años venideros. 

Todos estos estudios han servido de base para la realización de aportaciones y propuestas de actuación que dirigió esta Confederación al Gobierno de Canarias y a la Administración del Estado, con la que buscaba favorecer una mejor y más rápida salida de la crisis, para lo que resultaba de vital importancia acertar cuáles debían ser las prioridades de la política económica y en la elección de los instrumentos a aplicar.  

En este sentido, la CCE colaboró intensamente con la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Promoción Económica y el Servicio Canario de Empleo, proponiendo mejoras y aportaciones a las subvenciones y ayudas temporales dirigidas a empresas y personas trabajadoras autónomas que se promovieron durante el pasado año 2021. 

Con estas ayudas, enmarcadas en el régimen de subvenciones previsto en el Marco Nacional Temporal aprobado por la Comisión Europea, se pretendían compensar los problemas que había generado entre nuestras empresas la falta de liquidez a raíz del brote de COVID-19.  

En este sentido, la Confederación colaboró en la difusión y seguimiento de las medidas que contemplaba el Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias, que permitía aplazar el ingreso de determinadas deudas tributarias; el Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID- 19; y el Decreto-ley 4/2021, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos Next Generation EU, en el que se establecían medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario y se abordaban especialidades en materia de contratación pública, y participó intensamente en la mejora. 

También resultaron cruciales las aportaciones y valoraciones que realizó la Confederación Canaria de Empresarios para adecuar correctamente las disposiciones que regulaban las ayudas directas a empresas aprobadas por el Ministerio de Economía a través del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en el que se contemplaba la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas de Canarias, dotada con 1.144 millones de euros. 

En este sentido, y tras la modificación posterior de ese Real Decreto-ley, en la que se admitía que en regiones como Canarias había sectores que se habían visto particularmente afectados sin que a nivel nacional superen los umbrales fijados en la definición de criterios objetivos establecidos inicialmente en el Real Decreto-ley 5/2021, se logró ampliar el destino de las ayudas a todos los sectores económicos que operaban en nuestras islas (excepto Actividades financiera y de seguros, Actividades de los hogares como empleadores y productores de bienes y servicios para uso propio”–CNAE09) dada la ultradependencia del tejido productivo canario del sector turístico y su práctica paralización durante todo este período de pandemia. 

Con la intermediación de esta Confederación se consiguió, también, elevar el importe inicialmente previsto de las ayudas, simplificar los procesos de justificación para autónomos y empresas de menor dimensión, o incluso incorporar como beneficiarias a muchas empresas que, por circunstancias sobrevenidas, podían haber quedado excluidas del ámbito de estas ayudas al no cumplir con el requisito previo de haber incurrido en pérdidas durante 2020, como es el caso, por ejemplo, de empresas que habían afrontado procesos de rehabilitación. 

En términos más generales, esta Confederación, también intermediaba con la Administración e insistía en la necesidad de contar con una Administración pública más ágil, capaz de dar respuesta a las necesidades que demanda la sociedad de una manera más efectiva, sin duplicaciones en la gestión administrativa, sin dilaciones ni demoras en la toma de acuerdos y concesión de permisos y licencias que logren la puesta en marcha de proyectos empresariales generadores de riqueza y con alto potencial de creación de empleo. 

Es necesario reducir los plazos o tiempos medios de resolución de las actuaciones administrativas, además de mejorar los registros electrónicos de forma que se agilice cualquier comunicación o interacción con la Administración Pública. 

En materia económica, lamentablemente, la defensa del Régimen Económico y Fiscal de Canarias ante la Administración Estatal y la Unión Europea ha continuado concentrando gran parte de nuestra dedicación y esfuerzo durante 2021. 

La Confederación siempre ha liderado el debate social y económico en materia del REF, y desde la declaración del Estado de Alarma, reclamó también acometer modificaciones que confirieran mayor seguridad jurídica en momentos de especial incertidumbre, como los que vivía Canarias, para que las medidas que contiene nuestro REF contribuyeran de manera efectiva, a paliar la grave situación que generaban las restricciones impuestas tras decretarse el estado de alarma y sus efectos sobre la actividad productiva. 

Más allá de la defensa de nuestro diferencial fiscal, el REF es un elemento vertebrador de nuestra sociedad, y también de nuestras empresas, que puede dar solución a problemas estructurales que impiden el desarrollo de la actividad productiva en Canarias en las mismas condiciones que lo hacen las empresas en territorio continental.  

Los problemas son estructurales, pero las medidas que dispone para superarlas deben poder adaptarse a las exigencias que impone la fase del ciclo económico en el que nos desenvolvemos. 

La CCE ha venido defendiendo desde el inicio de la pandemia, como no podía ser de otra forma, la flexibilización de los plazos de inversión, y del cómputo de los periodos de utilización y de mantenimiento de dichas inversiones. 

La defensa de nuestro REF es un trabajo diario, al que la Confederación debe dedicar recursos y atención permanente, porque muchas decisiones y medidas que se adoptan no siempre se alinean con los requisitos de adaptación que reconoce el propio Estatuto de Autonomía, muy al contrario, a veces, incluso, llegan a colisionar con los principios básicos de nuestro REF. 

La CCE reforzó su papel de interlocución con la Administración, y mantuvo varios encuentros con responsables en materia de Hacienda del Gobierno de Canarias para promover negociaciones con la Administración del Estado, y reclamamos una respuesta al compromiso de revisión de nuestro REF y de sus instrumentos fiscales “para adaptarlos a las actuales circunstancias … flexibilizando sus plazos y requisitos e incentivando el mantenimiento y creación de empleo”, para incrementar la liquidez empresarial y la inversión en el archipiélago, recogido en el Pacto por la Recuperación Social y Económica de Canarias que firmaron esta Confederación y el resto de agentes sociales, instituciones y el Gobierno de Canarias en el mes de mayo de 2020. 

La respuesta de la Administración continúa siendo lenta e insuficiente. No se han logrado avances significativos, y las modificaciones se han limitado a ampliar in extremis por un año el plazo de vigencia de la ZEC y el plazo de materialización de la RIC a finales de 2020 y, durante este año 2021, se ha restablecido el diferencial perdido del 80% en las deducciones al cine, y todo ello tras una ardua tarea de reclamaciones y negociaciones entre Administraciones. 

Por todo ello, la CCE sumó sus esfuerzos al de otros agentes sociales, instituciones privadas y académicas, colegios oficiales, profesionales y empresarios de reconocido prestigio y suscribió en diciembre de 2021 el Manifiesto por Canarias: la adaptación fiscal del REF no puede seguir confinada, en el que reivindicamos la aclaración, flexibilización y adaptación del marco normativo de los aspectos tributarios del REF a las excepcionales circunstancias que condicionaban nuestra economía durante 2021, derivadas de la pandemia global del Coronavirus COVID 19 y la erupción del Volcán de La Palma. 

En defensa de nuestro REF, la Confederación Canaria de Empresarios, en el marco de la Consulta pública abierta por el Ministerio de Hacienda, al objeto de elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria promovida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, también hizo constar la necesidad de respetar y mantener inalterados los principios fundamentales que sustentan al Régimen Económico y Fiscal (REF) diferenciado con que cuenta Canarias, como un paso imprescindible para que este importante instrumento pueda desplegar su enorme potencial para lograr avances en el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias, preservando su estabilidad y la seguridad jurídica necesaria. 

Insistimos además en que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias reconocen la existencia para Canarias de un régimen fiscal que atienda a los factores estructurales que limitan el desarrollo de Canarias y a su condición de región ultraperiférica en el ámbito de la Unión Europea, en virtud del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, y exigen de la Administración la aplicación de una política fiscal diferenciada que mantenga una significativa menor presión fiscal que la media del resto de España. 

Sin embargo, todo esto pudiera verse amenazado de incorporarse alguna de las medidas que colisionan de manera directa con los principios básicos que recoge el REF, como es el posible establecimiento de una “imposición mínima” en el marco del Impuesto de Sociedades, si no se tienen en cuenta en su aplicación las necesarias excepciones y/o limitaciones que permitan continuar aplicando las deducciones, bonificaciones, reducciones y regímenes especiales del REF presentes y futuras. 

La aplicación de una tributación mínima en los términos iniciales en los que se ha planteado, imposibilitaría la aplicación efectiva de algunas de las figuras fiscales específicas que contiene el REF, como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las Deducciones por Inversiones en Canarias (DIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) además de las bonificaciones diferenciadas con que cuenta nuestro Archipiélago en el Impuesto sobre Sociedades. 

Esta Confederación ha reclamado una excepcionalidad en su aplicación que incluso la propia OCDE ha reconocido dentro de su plan BEPS, del que emana esta iniciativa y en el que se recoge que el establecimiento de una tributación mínima sobre cualquier sector de actividad debe contemplar exenciones cuando se trate de regiones con dificultades estructurales, tales como su lejanía, insularidad, superficie o relieve, como es el caso de Canarias. 

La defensa del REF, la simplificación administrativa y la gestión eficiente de los recursos públicos se incorporaron ya como objetivos irrenunciables en el Pacto por la Recuperación Social y Económica de Canarias y, durante el pasado año 2021, la Confederación realizó el seguimiento y control de los compromisos asumidos por las diferentes administraciones en el momento de la firma del Pacto, velando por el cumplimiento de los mismos y su adecuación a la evolución que iba demandado el sector productivo. 

En esta nueva fase del ciclo, la economía canaria debe seguir haciendo frente a numerosos retos que condicionan su evolución tanto en el corto y medio plazo, como en el largo plazo. 

La contención de la escalada de precios de los combustibles, la electricidad y su traslado sobre la inflación subyacente, la reorientación de la política monetaria, la gestión eficiente de los fondos europeos, y los necesarios avances en materia de sostenibilidad y transformación digital, marcarán la actuación de nuestras empresas durante los próximos años, y la Confederación Canaria de Empresarios permanecerá atenta a estos cambios, exigiendo que los mismos se sucedan en un marco propicio que garantice la actividad y consolidación de nuestras empresas.