En el plano económico, Canarias sorprendía con un avance del PIB mejor de lo que preveían inicialmente los modelos a lo largo del año, dando muestras de una capacidad de resiliencia capaz de hacerla crecer, incluso, por encima de la media nacional durante 2025.
El PIB de Canarias crecía un 3,6%, frente al avance del 2,8% que registraba la economía española en su conjunto, y aunque se trata de un dato positivo, también es cierto que el avance del pasado ejercicio resultaba inferior al que había experimentado la economía canaria en 2024, cuando creció a un ritmo del 4,4%, y es el avance más moderado de los que registraba Canarias en los últimos cinco años.
La fortaleza del conjunto de los servicios, y especialmente el buen comportamiento que mostró el turismo durante el pasado año, han permitido que Canarias haya descrito una evolución favorable en 2025, a pesar de todos estos riesgos latentes que han venido marcando el contexto global, aunque, la actividad económica y el mercado laboral ya comenzaban a emitir señales de desaceleración a los que debemos prestar mucha atención.
Al abrigo de este crecimiento, ramas clave de nuestra actividad económica como la “Hostelería”, el “Comercio” o los “Transportes” continuaron creando empleo, aunque, a menor velocidad que en años anteriores, y la tasa de paro en las Islas se situó en el 12,63% de la población activa, aún por encima de la media nacional (9,93%).
En términos globales, el número de afiliados al conjunto del Sistema de la Seguridad Social en las Islas alcanzaba los 962.503 trabajadores al cierre del año, y aunque este registro supone un nuevo máximo de la serie histórica de afiliación, debemos destacar que el avance que experimentaba el empleo en Canarias durante el pasado ejercicio, cifrado en un 2,5%, resulta casi un punto inferior al que había experimentado en 2024, cuando anotó un crecimiento del 3,4 por ciento.
De esta forma, y aunque el empleo ha venido creciendo de manera casi ininterrumpida desde el año 2020, lo hace a un ritmo cada vez más moderado que adelanta síntomas de agotamiento en la capacidad la economía canaria para continuar creando empleo en el corto y medio plazo.
Por lo que respecta a la evolución de los precios, la inflación general en las Islas se situó, al cierre de 2025, en el 2,8%, una décima por debajo de la media nacional (2,9%), aunque seis décimas por encima del dato que registraba en 2024 (2,2%).
Este ligero repunte del pasado año se concentró, principalmente, en el tramo final del año, coincidiendo con la fecha en la que dejaban de aplicarse, definitivamente, muchas de las medidas de contención que venía prorrogando el Estado tras la fuerte escalada inflacionista que sufrió el conjunto de Europa a partir de 2022, con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania.
Pese a ello, la inflación general, tanto en Europa como en Canarias, logró contenerse en valores moderados, más acorde con los objetivos fijados por la política monetaria de la Zona Euro, y ello permitió mantener un tono cada vez más acomodaticio a la evolución de los tipos de interés de referencia, y facilitar así las condiciones de financiación general que impulsaban la demanda interna en nuestro país y, por extensión, también en Canarias, en un contexto, en el que además, los datos del sector turístico continuaron apoyando el crecimiento económico de nuestra región.
En la Confederación hemos hecho un seguimiento continuo a estos y a otros indicadores que resultan claves para analizar el contexto económico que nos rodea y evaluar su impacto sobre nuestro sistema productivo.
Lo hacemos a través de la publicación periódica de nuestros informes de coyuntura socioeconómica, que elaboramos mensualmente; de nuestro Informe Anual de la Economía Canaria, que presentamos en el mes de junio; y mediante la elaboración y divulgación de numerosas Notas de Economía que abordan el análisis exhaustivo de indicadores económicos de referencia para Canarias, como los datos de Contabilidad Trimestral o las cifras de recaudación tributaria en las Islas.
En el plano económico, la Confederación también ha venido propiciando un debate con las organizaciones miembro integradas y con profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la gestión económica y empresarial en el marco de nuestra Comisión de Asuntos Económicos.
Esta comisión propicia un entorno que favorece el análisis y reflexión de los aspectos estratégicos que vienen condicionando la vida de nuestras empresas, especialmente entre las pymes y los autónomos.
Por ello, en las distintas reuniones que ha mantenido la Comisión de Asuntos Económicos de la CCE durante el pasado año, esta institución ha reunido a las diferentes organizaciones miembro integradas con profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la tributación y la fiscalidad, como el Delegado territorial de AEDAF en Canarias o D. Salvador Miranda, quien presentó a los miembros de la Comisión su último libro denominado, Manual de la Reserva para inversiones en Canarias y Baleares, 2014-2027.
Esta Comisión fue el foro donde, además, el Viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Ilmo. Sr. D. Gustavo González de Vega analizó el impacto sobre la economía de Canarias de la subida de aranceles que había anunciado EE. UU., y junto a la Directora General de Autónomos, Ilma. Sra. Dña. Mónica Nuez Ramos, también presentó las bases de la subvención de cuota cero dirigidas a autónomos.
La Comisión de Asuntos Económicos se erige de esta forma, en un marco que propicia el debate y la reflexión sobre asuntos clave de la esfera económica que rodea a nuestras empresas, como las novedades tributarias, el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, la coyuntura socioeconómica actual, el impacto de los numerosos conflictos geopolíticos que vienen sucediéndose en los últimos años, y muy especialmente, la necesaria defensa de nuestro fuero económico y fiscal contenido en el REF.
En este aspecto concreto, destaca el importante papel que ha desempeñado la Confederación Canaria de Empresarios en la concreción de la nueva Disposición Adicional 15 que se incorporaba al texto legal que regula las condiciones de materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias en materia de vivienda.
La CCE venía insistiendo en numerosos foros y debates, en la necesidad de promover una modificación del REF que permitiera potenciar su capacidad para abordar uno de los principales problemas que venía acusando Canarias, y que trasciende de la esfera empresarial y alcanza cotas de alto interés social como es la escasez de vivienda en Canarias, y finalmente, en el mes de enero de 2025, se iniciaba en el Congreso de los Diputados el trámite parlamentario que daría como resultado, la aprobación y publicación, en el mes de julio de 2025, de la Ley 6/2025, de 28 de julio, de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias.
En el proceso de tramitación de esta norma, la CCE canalizó las demandas del sector empresarial y propició reuniones técnicas con representantes de diferentes partidos políticos, del Comisionado del REF de Canarias y con expertos en materia de fiscalidad y tributación, para tratar de consensuar una redacción óptima que lograra los objetivos perseguidos.
Aún queda camino por recorrer, y pese a la modificación de la norma, todavía hay cuestiones importantes que deben corregirse para garantizar una correcta aplicación del incentivo. En este sentido, la CCE ya ha comunicado a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que es necesario mejorar la aplicación de la RIC en viviendas libres en alquiler, aclarando la externalización de la gestión y la carga de trabajo, o corregir la redacción actual de la Disposición Adicional 15ª, relativa a inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda, al objeto de facilitar la materialización en vivienda a través de instrumentos de inversión colectiva.
Todas estas actuaciones vienen a reforzar el papel clave que viene desempeñando la Confederación de manera incansable en la defensa y mejora de nuestro REF y que, además, se ha visto complementado, con la renovación del convenio de cooperación que tiene suscrito esta Confederación con la Consejería de Hacienda y Relaciones con la UE, a través del Comisionado del REF y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el que refrendamos nuestro interés para desarrollar un programa conjunto de cooperación en el ámbito cultural y educativo para la concesión de premios de fin de grado que versen sobre el REF que contribuyan al impulso del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Durante 2025, la Confederación también ha continuado insistiendo en la necesidad de abordar soluciones eficaces que logren corregir un problema estructural que continúa afectando a nuestra economía, como es la baja productividad y el elevado nivel de absentismo laboral que padecen nuestras empresas, además de las crecientes dificultades que han venido encontrando nuestras empresas para cubrir vacantes laborales y encontrar trabajadores con el perfil laboral adecuado para dar respuesta a las necesidades actuales del mercado.
Todos estos temas centraron la intervención y participación de la Confederación Canaria de Empresarios en las reuniones que ha celebrado la Comisión sobre la Productividad de la Economía en la Comunidad Autónoma de Canarias, un órgano que constituía el Gobierno de Canarias en el mes de junio de 2025, presidido por el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, D. Manuel Domínguez, en el que se pretende abordar la productividad desde una perspectiva integral, implicando a todos los agentes económicos, académicos y sociales.
La CCE suma así esta participación a la que también viene realizando en otros órganos de referencia como el Consejo Asesor del Presidente en materia de política económica y social, que el pasado año analizó tanto el impacto en Canarias de la nueva política de aranceles promovida por EE. UU., como la propuesta de modificación del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común.
Este también fue el marco, donde, más recientemente, la CCE reclamó a las diferentes administraciones la aplicación de medidas urgentes y eficaces que logren contener el impacto de la Guerra de Irán sobre el precio de los combustibles, y su traslado a la estructura real de nuestra economía y el consumo.
La CCE alertaba de la posibilidad de que Canarias iba a acusar el impacto de ese conflicto internacional vía encarecimiento de la energía y los transportes, principalmente, y que podrían trasladarse a los precios de consumo, tanto de los servicios como de bienes, dado que el aumento de los precios del petróleo y sus derivados encarecerán la generación de energía y el coste de transporte de mercancías, y también de pasajeros.
Se trata de factores de riesgo que resultan especialmente relevantes para una economía como la de Canarias, dadas las condiciones de lejanía y doble insularidad, y alta dependencia de la conectividad aérea y marítima, tanto para el aprovisionamiento de mercancías como de pasajeros, residentes y visitantes.
Bajo esta perspectiva, desde la CCE se insistió en la necesidad de diseñar y aplicar medidas eficaces, que resultaran ágiles en su aplicación para impedir que haya una traslación de un encarecimiento de costes energéticos y de aprovisionamiento a la estructura de precios de consumo, y que terminara afectando a la capacidad de renta de familias y a los márgenes de explotación de las empresas, todo ello, sin olvidar la necesidad de acometer, con mayor agilidad, inversiones en infraestructuras estratégicas que nos permitan reducir la dependencia energética en Canarias.
Estas medidas debían atender a tres escenarios de actuación.
Un primer escenario, donde resultaba clave identificar y aplicar medidas inmediatas destinadas a compensar la subida de precios energéticos y de los combustibles, y tratar de contener, así, que una traslación brusca de los costes energéticos genere tensiones en el sistema de producción y consumo.
Un segundo escenario, donde se contemplen medidas efectivas destinadas a mantener el poder adquisitivo de las familias, su capacidad de gasto y los márgenes empresariales, y evitar que el contexto más inflacionista pudiera mermar la renta disponible y afectar a las decisiones de consumo e inversión.
Y un tercer escenario con medidas efectivas con las que se lograra impulsar y facilitar la inversión en infraestructuras estratégicas para la economía canaria, necesarias para avanzar en la reducción de su dependencia energética y la modernización de sus sistemas de generación.
En momentos como los actuales, se pone de mayor relieve, si cabe, la dependencia de nuestro sistema energético actual, y en este sentido es necesario incidir nuevamente en la necesidad de agilizar los procesos de transición energética y asegurar la financiación y desarrollo de proyectos estratégicos de descarbonización y relacionados con energías renovables y el autoconsumo en las Islas.
De esta forma, la Confederación Canaria de Empresarios afianza sus funciones de representación ante la Administración, y lo hace con firmeza y de manera decidida para constituir bases sólidas que sustenten el desarrollo de nuestra sociedad y el crecimiento de nuestra economía.
También consideramos necesario destacar, en el ámbito de esta Memoria, el desempeño que viene realizando la CCE evacuando informes y trámites de audiencia en aspectos como el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025, el proyecto de decreto por el que se regula la participación local en el desarrollo de proyectos de energía renovables; el proyecto de Ley de industria y autonomía estratégica; borrador de proyecto de ley de actualización de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias; proposición de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; proyecto de real decreto por el que se establece el régimen jurídico aplicable a la factura electrónica entre empresarios y profesionales; proyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas; la consulta pública previa sobre desarrollo reglamentario para la transposición al derecho español de la Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo, de 17 de octubre de 2023, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad; el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la transposición parcial de la Directiva (UE) 2025/516 del Consejo, de 11 de marzo de 2025 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las normas del IVA en la era digital; consulta de la OCDE sobre la relevancia del sistema fiscal en las decisiones de inversión internacional de las empresas; o proyectos de modificación de los regímenes simplificados en el ámbito del IGIC y el AIEM; por citar solo algunos ejemplos.
Con los resultados que presentamos en esta memoria, cumplimos con la labor de estudio, análisis y reflexión que, en materia de asuntos económicos, tiene encomendada esta CCE, y a la que seguiremos dedicando esfuerzos y recursos, como no podría ser de otro modo, dando continuidad en los años venideros, poniendo especial énfasis en aquellos retos que debe afrontar la economía canaria en el corto y medio plazo.
