Scroll para leer más

Los datos de actividad y de empleo referidos al año 2020 han venido a poner de manifiesto la mayor vulnerabilidad que presenta la economía canaria a los efectos de la crisis desatada durante ese año tras la declaración del Estado de Alarma en nuestro país.

No en vano, Canarias destaca como una de las regiones donde más se ha acusado la caída del PIB y donde más empleo se ha destruido durante el último año.

Las cifras oficiales disponibles que elabora el Instituto Canario de Estadística cifran la caída de la economía canaria durante el año 2020 en un 20,1%, un descenso que prácticamente duplica el que también acusó la economía nacional, cifrado en un 10,1% en el conjunto del año, y resultaba el más severo de los estimados hasta la fecha por las distintas comunidades autónomas.

Por lo que se refiere al empleo, las estimaciones de la EPA, referidas al cuarto trimestre de 2020, indican que Canarias fue la región de España que destruyó más empleo, con una pérdida de ocupación del 12,01%, 112.900 trabajadores menos. Esto implica que Canarias ha perdido cuatro veces más empleo que el conjunto del territorio nacional, donde la población ocupada se contrajo un 3,12 por ciento.

La tasa de paro en las Islas se situó, de este modo, en el 25,22%, 6,44 puntos más que en el último periodo de 2019, y más de 9 puntos por encima de la media nacional.

Estas cifras muestran, sin lugar a dudas, que el mercado laboral canario soporta de forma más intensa los efectos de la pandemia y de las notables restricciones para paliarla, lo que, además, resulta más evidente si tenemos en cuenta que, al cierre de diciembre, permanecían en situación de ERTE un total de 79.206 personas en Canarias, un 10,2% del total de trabajadores afiliados en las Islas, frente al 4,0% observado en el ámbito estatal (755.613 efectivos).

Precisamente, en momentos como los vividos durante 2020, el papel que desempeña la Confederación Canaria de Empresarios como organización empresarial más representativa adopta, si cabe, mayor relevancia, no solo en el plano institucional, sino también en el plano económico y laboral.

En el ámbito económico, y en el cumplimiento de nuestros compromisos de representación institucional, la Confederación ha venido participando en órganos de referencia como la Comisión de Trabajo para evaluar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), la Comisión de Precios de Canarias, la Comisión de Seguimiento del REA, la Comisión Técnica para elaboración del plan de apoyo al emprendimiento, en los Consejos de Administración de Proexca o en las mesas técnicas surgidas al amparo de los VII Acuerdos de la Concertación Social, en donde hemos defendido y aportado nuestras consideraciones en materias como la sostenibilidad de los servicios públicos, la simplificación administrativa, la Formación Profesional Dual o la igualdad y la brecha salarial.

Asimismo, durante 2020, esta Confederación continuó cumpliendo con su vocación general de servicio en materia informativa y de comunicación y seguimos elaborando, con la regularidad requerida, multitud de informes internos, de carácter técnico, para el asesoramiento a nuestras organizaciones miembro.

Todo ello ha cobrado mayor importancia, si cabe, desde el mes de marzo de 2020, en que se declaraba el Estado de Alarma en nuestro país, siendo la emergencia sanitaria derivada de esta enfermedad y los severos mecanismos de contención implantados para tratar de hacerle frente, un fenómeno que no tiene precedentes en nuestra historia moderna.

El carácter transversal de la pandemia, y la alta interrelación de los sectores económicos en Canarias exigía buscar soluciones transversales que permitieran a nuestro sistema productivo superar una fase crítica que, aunque, en principio se presumía corta, terminó prorrogándose en el tiempo, y sus efectos perduran más allá incluso de 2020.

Sin apenas margen de tiempo, las empresas tuvieron que adaptar su estructura organizativa, la forma de producción e incluso sus canales de comunicación con proveedores, clientes y administraciones, y estar pendientes de las novedades que publicaba el BOE, casi a diario.

En el mes de marzo, y tras la publicación del primer Real Decreto que instauraba el Estado de alarma en nuestro país, y en el transcurso de apenas una semana se publicaron hasta tres Reales decretos Ley, todos ellos con medidas específicas con las que pretendía abordarse una situación atípica para nuestra economía y para nuestras empresas.

Así por ejemplo, en el BOE núm. 62, de fecha miércoles 11 de marzo de 2020, se publicó el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, en el BOE núm. 65, de fecha viernes 13 de marzo de 2020, se publica el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y en el BOE núm. 73, de 18 de marzo de 2020, se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

A estas tres normas, le siguieron hasta 30 reales decretos ley adicionales y más de 180 disposiciones normativas elaboradas por los diferentes departamentos ministeriales en el ámbito nacional, y más de 154 normas dictadas por el Gobierno de Canarias, todas ellas con referencias expresas a medidas urgentes a tomar como consecuencia de la situación de crisis provocada por la pandemia.

Ante esta difícil e inesperada tesitura que afrontaba Canarias, la Confederación Canaria de Empresarios, como organización empresarial más representativa sin distinción de tamaño o sector de actividad, reforzó todas sus áreas de trabajo para tratar de ayudar a nuestras empresas y sus trabajadores y de responder a la situación económica tan excepcional que había causado y sigue causando la irrupción del COVID-19.

Desde el área de economía se elaboraron Notas de Economía explicativas que mantenían a nuestras empresas constantemente actualizadas con los sucesivos cambios en la normativa vigente.

Además del seguimiento y análisis de la nueva normativa que afectaba a la gestión de la empresa, la Confederación también lideró la elaboración de estudios y análisis de situación a partir de las estadísticas y fuentes oficiales disponibles, sobre la difícil coyuntura a la que se estaba enfrentando nuestro sistema productivo, al objeto de identificar, a su vez, cuáles eran y debían ser los factores clave para el óptimo desarrollo de nuestro modelo socioeconómico de cara al futuro.

Si bien, el seguimiento de todos estos condicionantes quedaba recogido en dos de nuestras publicaciones periódicas, como son el Informe Mensual de Coyuntura Socioeconómica o el Informe Anual de la Economía Canaria, que se han convertido con el paso de los años en informes de referencia para el análisis de la realidad socioeconómica del Archipiélago, durante el pasado año nuestra Confederación también impulsaba la difusión de toda la información relevante para nuestras empresas en las que se detallaban las cuestiones más relevantes sucedidas durante el pasado año.

Este es el caso, por ejemplo, del estudio que realizó esta Confederación de los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado y de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021; de las características de los diferentes tramos de las líneas de avales dispuestas por el ICO o de las diferentes medidas adoptadas en el seno del Consejo Europeo y la Comisión Europea para combatir los efectos de la pandemia; además de la elaboración y difusión de diversas notas monográficas que analizaban de impacto de la pandemia sobre la economía canaria, sobre la recaudación tributaria o sobre la evolución de la actividad turística, que venían a añadirse a las notas de prensa que, de manera periódica, publica cada mes esta Confederación sobre los datos de inflación y empleo en las Islas.

Se trata, en definitiva, de una pormenorizada labor de estudio, análisis y reflexión que, en materia de asuntos económicos, da buena cuenta de la intensa actividad desarrollada por esta Confederación durante el pasado año, y a la que seguiremos, como no podría ser de otro modo, dando continuidad en los años venideros.

Todos estos estudios han servido de base para la realización de aportaciones y propuestas de actuación que dirigió esta Confederación al Gobierno de Canarias y a la Administración del Estado, con la que buscaba favorecer una mejor y más rápida salida de la crisis, para lo que resultaba de vital importancia acertar cuáles debían ser las prioridades de la política económica y en la elección de los instrumentos a aplicar.

En este sentido, y con la aportación de las diferentes organizaciones miembro que integran la Confederación, en el mes de mayo de 2020 se elaboró y presentó al Consejo Asesor del Presidente en materia de política económica y social, un documento que incorporaba más de 258 medidas específicas que permitirían a las empresas de cada sector de actividad afrontar la crisis.

La Confederación instaba al Gobierno, ya en ese entonces, a implantar medidas que resultaran efectivas y garantizaran la fortaleza del sistema sanitario, y, al mismo tiempo, que facilitaran el acceso a la liquidez de las empresas y aseguraran la supervivencia de nuestro tejido productivo con el objetivo de lograr recuperar con la mayor rapidez posible la senda de crecimiento y el empleo en Canarias.

Insistíamos, además, en la necesidad de contar con una Administración pública más ágil, capaz de dar respuesta a las necesidades que demanda la sociedad de una manera más efectiva, sin duplicaciones en la gestión administrativa, sin dilaciones ni demoras en la toma de acuerdos y concesión de permisos y licencias que logren la puesta en marcha de proyectos empresariales generadores de riqueza y con alto potencial de creación de empleo.

La Administración tiene que adaptarse, tras estas circunstancias extremas, al ritmo que necesitan las empresas, los autónomos y la sociedad en su conjunto.

Entendíamos, y seguimos convencidos de ello, que es necesario reducir los plazos o tiempos medios de resolución de las actuaciones administrativas, además de mejorar los registros electrónicos de forma que se agilice cualquier comunicación o interacción con la Administración Pública.

Es necesaria la racionalización administrativa, y convergencia de las legislaciones autonómicas y municipales hacia la simplificación, impulsando la participación de los agentes sociales y económicos en los trámites de información y consulta, para que la Administración conozca los impactos de las decisiones que se adoptan, dado que estos son conocedores directos de la problemática administrativa a la que deben hacer frente.

También nos adelantamos, y ya en el mes de abril de 2020, esta Confederación remitía un documento al Gobierno de Canarias en el que se contemplaban medidas tributarias de carácter temporal que debían articularse en el ámbito de nuestro Régimen Económico y Fiscal para amortiguar los efectos sobre su aplicación como resultado de la pandemia provocada por el COVID-19.

Éramos conscientes de que el Régimen Económico y Fiscal (REF) diferenciado con que cuenta Canarias podía erigirse como una buena herramienta de reactivación para nuestra economía, pero, para ello, resultaba imperativo que la normativa vigente aportara la seguridad jurídica imprescindible en esos momentos para que sus herramientas pudieran contribuir de manera efectiva, a paliar la grave situación a la que el empleo y la actividad económica de nuestro territorio se estaban viendo sometidos.

Las restricciones impuestas tras decretarse el estado de alarma y los efectos que ello ha generado sobre la actividad productiva de nuestra economía se están traduciendo en enormes dificultades sobrevenidas que van a tener que soportar nuestras empresas para poder acometer, en tiempo y forma, las inversiones comprometidas previamente al inicio de esta crisis e incluso para la dotación por la clara caída de beneficios empresariales, y la significativa disminución de los volúmenes de negocio de los contribuyentes.

En consecuencia, solicitábamos de manera urgente la flexibilización de los plazos de inversión, el cómputo de los periodos de utilización y de mantenimiento de dichas inversiones, y los requisitos exigidos por la norma vigente actual aspectos como la creación y el mantenimiento del empleo en las Islas en materia de la RIC, y el régimen de la Zona Especial Canaria.

Del mismo modo, también nos adelantamos y solicitamos ampliar los límites de acumulación de ayudas consideradas al funcionamiento para los períodos fiscales iniciados en 2020 atendiendo a la previsible reducción de los ingresos empresariales y profesionales. 

Por todo ello, reclamábamos del Gobierno de Canarias que instara a su vez al Ministerio de Hacienda para aclarar el marco normativo de los aspectos tributarios del REF y adaptarlo a las excepcionales circunstancias que vivimos durante 2020 como resultado de la terrible pandemia global del COVID 19.

Tras ocho meses de espera, el 18 de noviembre de 2020 se publicaba el Real Decreto-Ley 34-2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético y en materia tributaria que contemplaba, a través de su Disposición final primera, una modificación de la ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que no daba respuesta a las expectativas que habían depositado las empresas de nuestras Islas.

La modificación que recoge este Real Decreto-Ley vino a dar cumplimiento a un requisito meramente formal para ampliar, hasta el 31 de diciembre de 2021, la autorización de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria, y las referencias temporales relacionadas con inversiones anticipadas en el ámbito de la Reserva de Inversiones para Canarias, en coherencia con la prórroga de las Directrices de Ayuda con finalidad regional para 2014-2020, que fue aprobada y publicada en el mes de julio.

Lo dispuesto en este Real Decreto-Ley como decimos, no daba respuesta al conjunto de medidas de flexibilización que necesita nuestro REF y muy al contrario, esta mera formalidad, fue vista entre los empresarios canarios como una muestra del desinterés que el Gobierno de España mostraba para dar soluciones eficaces a los problemas que padece Canarias.

Pese a ello, lo cierto es que la mayor parte de las medidas que solicitó la Confederación contó con el respaldo del Gobierno de Canarias, del resto de agentes sociales e instituciones públicas de toda Canarias, y cristalizaron en el documento de Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias rubricado el día 30 de mayo de 2020.

El principal objetivo de este Pacto debía ser llevar a cabo un conjunto de medidas destinadas a la recuperación de la economía canaria tras la crisis provocada por la emergencia sanitaria del COVID-19 que amenazaba el crecimiento económico, el empleo, el tejido empresarial y la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar de manera extraordinaria, tanto en el corto como en el medio plazo.

Si bien es cierto que en el momento de la firma cristalizaron los intensos esfuerzos de negociación que había mantenido esta Confederación desde el mismo momento en que se declaró el Estado de Alarma en nuestro país, no supuso, en modo alguno, el final de la tarea encomendada.

Además del seguimiento y control sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las diferentes administraciones en el momento de la firma del Pacto, el área económica de esta Confederación ha continuado pendiente de la evolución de nuestra economía tras las sucesivas prórrogas a las que se vio sometido el Estado de Alarma inicial; de las modificaciones y repercusión de las diferentes medidas que marcaron la fase de desescalada y de transición hacia la nueva normalidad que comenzó a implantarse durante los meses de verano; así como de las nuevas restricciones que se activaron con motivo de la reactivación de un nuevo Estado de Alarma en nuestro país en el mes de octubre de 2020.

La adaptación y transformación de nuestro tejido productivo, solo será viable si puede apoyarse en un clima favorable para la actividad empresarial para lo cual el diálogo social debe ser el marco natural de las reformas necesarias para la modernización de nuestro tejido productivo, para hacer frente, entre otros, a los retos que nos hemos marcado.

Desde la Confederación nos mantenemos firmes y continuamos insistiendo en que la coyuntura que atraviesa la economía de las Islas requiere de la aplicación inaplazable de medidas de apoyo efectivo dirigidos al tejido productivo que se traduz­can en ayudas directas para garantizar la solvencia de nuestras empresas durante este periodo, y menores cargas tributarias y burocráticas que, en momentos como los actuales, solo lastran la recuperación de nuestras empresas, porque las restricciones continúan vigentes y su actividad aún está limitada.